Todo proceso parte de una lectura rigurosa del marco normativo, competencial y operativo en el que se inscribe la intervención, así como del contexto social en el que se desarrolla.
Se analizan la distribución real de responsabilidades entre niveles de gobierno, las capacidades institucionales disponibles y las dinámicas sociales que inciden en la aplicación de las políticas.
El análisis incorpora una revisión crítica de los supuestos que estructuran la acción pública, especialmente cuando estos pueden generar brechas entre principios declarados y prácticas efectivas.
